NOTA DE PRENSA
La repercusión en obra pública del incremento de coste de las materias primas ronda los 9.500 millones de euros a nivel nacional
- El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid ha analizado en una jornada técnica “El impacto del incremento de los precios de las materias primas en los contratos de obra”
- Según datos del sector, los elementos esenciales de la construcción se han incrementado en casi un 124% de media, salvo energía, desde abril de 2020
- Entre las posibles soluciones se ha apuntado a una legislación específica que contemple la revisión de precios, aunque previsiblemente cubrirá solo un 30,62% del coste real
MADRID, 14/12/2021.- El Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Madrid ha celebrado la jornada “Impacto del incremento de los precios de las materias primas en los contratos de obra” para analizar este problema y sus posibles soluciones desde un punto de vista técnico, jurídico y práctico.
El decano de Caminos Madrid, Rafael Magro, ha destacado la pertinencia de realizar esta sesión de análisis técnico en este momento clave en el que el fuerte incremento de los precios de los materiales está afectando al sector de la construcción y la ingeniería en los contratos ya licitados y que influirá también en los proyectos dependientes de los Fondos europeos Next Generation.
El ingeniero de caminos Pedro Santos, director gerente de la consultora Incap, ha expuesto que “los elementos esenciales de la construcción se han incrementado en casi un 124% de media, salvo energía, desde abril de 2020”. Con datos obtenidos a partir del Servicio de Estudios de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), teniendo en cuenta que la inversión nacional en obra pública ha sido de 30.626 millones de euros desde el Covid, “la repercusión que tiene el incremento de coste de los materiales es de 9.479 millones de euros a nivel nacional”. Tras analizar la génesis del problema, Santos ha avanzado que “la previsión de la evolución de los precios de las materias primas es que haya una cierta tendencia a la estabilización, entramos en un periodo de lento descenso”.
Ignacio Zurdo, abogado del Estado y socio en J&I Zurdo, ha desgranado todas las posibles respuestas jurídicas al problema, pero ha concluido que lo esperable sería “una revisión de precios retroactiva: ante una situación extraordinaria hay que poner medidas extraordinarias”. Zurdo ha destacado la imposibilidad de que los constructores aborden ciertas obras, “no estamos ante un problema del contratista, sino del dueño de la obra. Hay que convencer a la administración para que sea empática con el problema y permita la suspensión del contrato en ciertos casos”
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En la mesa redonda, junto con Pedro Santos e Ignacio Zurdo, han participado Iván de la Rosa, jefe de Proyectos y Construcción de la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo de la Comunidad de Madrid, Begoña Leyva, directora de Sostenibilidad y Comunicación de la Confederación Nacional de la Construcción, y Esteban Tolosana, gerente de Gestión de contratos en ACCIONA. En ella han coincidido en la necesidad urgente de que España tome medidas en este sentido, “hay países que ya han tomado medios en verano, como Italia con una ley en julio” que todos los participantes han señalado como posible modelo a seguir.
También han comentado el caso de la administración autonómica de Galicia que tiene un proyecto de ley para la revisión de precios que contempla una alteración extraordinaria del 20%. En este sentido, Iván de la Rosa ha remarcado que la Comunidad de Madrid “está sacando ahora a licitación los proyectos actualizados a junio de 2021, entre ellos la licitación de la ampliación de la línea 3, que se hará con una baja del 17%”.
Varios participantes han incidido en que es difícil determinar el umbral entre el riesgo que debe asumir el contratista y el que debe asumir la administración”, pero han apuntado a la posibilidad de fijarlo en el 6%. “Si estamos ante obras en las que el incremento hay incidido en más de un 10% la administración debería asumirlo”, según Zurdo, quien ha añadido: “la doctrina es aplicable, está bien fundamentada y hay mucha jurisprudencia que invita a pensar que puede tener recorrido”
Desde ACCIONA, Esteban Tolosana ha indicado que “la subida es generalizada y todos los contratos se están viendo afectados, aunque de momento solo los problemas de suministros solo se dan en obras concretas”. A este respecto, Begoña Leyva ha ofrecido los datos de un estudio interno de la CNC basado en una encuesta respondida por 300 empresas de construcción (muchas pymes); según la misma, “el incremento del precio de los materiales ha incrementado de media un 22,2% el coste total de la obra y ha obligado al 40% de las empresas a cancelar algún contrato”. Además, la encuesta arroja que en obra pública está habiendo un retraso de más de 90 días para maquinaria y vehículos y de 69 días para materiales sintéticos, mientras que en edificación “está habiendo importantes retrasos en la recepción de materiales”. En este campo Leyva ha indicado que “un 2% de las empresas ha tenido que cancelar contratos, un 22% han paralizado obras, el 10% ha sufrido retrasos que han obligado a paralizar la obra y un 52%, para no paralizarla, han tenido que ampliar horarios, platillas, etc.”
Sobre si puede suponer una amenaza a la hora de ejecutar los proyectos financiados por los fondos europeos Next Generation, en la mesa se ha coincidido en que afrontar ese volumen de inversión con la incertidumbre y el panorama actual llevará a futuras reclamaciones y “solo las empresas que tengan músculo financiero” podrán aguantar. Por eso, Tolosana ha apuntado a “solucionar el problema desde el principio, afrontando la obra que haya que acometer en condiciones óptimas y evitar ir a rebufo, sufrir el daño y luego reclamar”.
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Entre las conclusiones generales ha destacado que el incremento exagerado de los precios de las materias primas “parece que se ha parado y la tendencia ya es a la baja, salvo que se genere alguna circunstancia nueva imprevista”. La mayoría se han mostrado optimistas, esperando que no haya desabastecimiento y que el mercado se normalice en el futuro para 2023 o 2024.
De todos modos, desde la CNC han apuntado a que “este problema se ha generado porque en España hay tendencia a licitar a la baja: si no fuera así, las empresas habrían tenido margen de maniobra para hacer frente al alza de precios”.
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El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid es una institución creada en 1979 y cuenta con más de 9.100 ingenieros adscritos. Entre sus funciones destacan el apoyo al ejercicio profesional, la defensa de la profesión, el impulso de la formación permanente y el progreso de la ingeniería de caminos.
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